Ocho contradicciones del Banco Mundial y su informe sobre los Pueblos Indígenas en Latinoamérica

Pueblos Indígenas

Por Luis Enrique Mendoza
29 de Marzo de 2016 a las 10:36
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Ocho contradicciones del Banco Mundial y su informe sobre los Pueblos Indígenas en Latinoamérica

Un análisis del reciente informe del BM sobre Pueblos Indígenas en Latinoamérica.

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El Banco Mundial (BM) se creó en 1955 bajo el nombre de Banco Internacional de Cooperación y Fomento. Dice ser una institución que cautela la estabilidad monetaria y la balanza de pagos de los países. Pero lo cierto es que hasta ahora su único logro ha sido consolidar el orden económico mundial a costa de los derechos de las mayorías. En especial por financiar megaproyectos extractivos perjudiciales para el medio ambiente y los pueblos indígenas. Y eso explica por qué en los últimos años el BM ha decidido realizar investigaciones sobre la problemática indígena. Latinoamérica Indígena en el siglo XXI es su último informe publicado en febrero de 2016.

El informe se pregunta por las razones estructurales que han determinado la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. La pregunta está correctamente planteada. Es acertada y pertinente. El problema es que el informe no llega a responderla y únicamente brinda información estadística sobre la situación de los indígenas en Latinoamérica.

“Basado en el análisis de una muestra de censos y encuestas de hogar de toda la región, este informe establece que existen condiciones estructurales que anclan a los pueblos indígenas a la pobreza e impiden el desarrollo de su pleno potencial económico. Estas condiciones son un tema de gran interés en la agenda del Banco Mundial para la región y más allá”, dice el informe del BM.

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El informe sugiere que la historia de los pueblos indígenas siempre ha sido adversa (sub specie aeternitatis), aunque la evidencia etno-histórica nos muestra lo contrario. El factor invisibilizado por el BM es que la causa estructural de la postergación indígena ha sido el colonialismo europeo, la expoliación de sus recursos y el neocolonialismo económico piloteado por el Banco Mundial a través del vehículo de la globalización económica. Existen problemas con el mensajero (el Banco Mundial) y con el mensaje. 

Dice el BM que “(l)a primera década del milenio probablemente será recordada en América Latina por el crecimiento económico y la reducción sin precedente de la desigualdad. Más de 70 millones de personas lograron salir de la pobreza gracias a una combinación de vientos a favor en la economía y la implementación de importantes políticas redistributivas. En este período de crecimiento y prosperidad, que algunos ya denominan la “década dorada”, la experiencia de los indígenas latinoamericanos fue diferente, con resultados desiguales y, con frecuencia, contrapuestos”.

pp1.pngPortada del informe del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas en Latinoamérica. Imagen: BM.

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Más allá de lo que diga el BM, lo real es que en el plano mundial la problemática indígena ha cobrado impulso en las últimas décadas. Las explicaciones van desde la reafirmación de las identidades locales ante el avance de la globalización, hasta la conveniencia de agrietar la unidad política de los Estados-débiles en beneficio de las trans-nacionales y/o Estados-fuertes. Pero lo cierto es que la problemática se ha hecho visible gracias a la presión de las organizaciones indígenas, quienes lograron introducir a nivel mundial el debate sobre la diversidad cultural e indígena. El tema de fondo sigue siendo el mismo: el reconocimiento normativo y real de su identidad cultural, de sus tierras y territorios y de su derecho a la autodeterminación como pueblos.

Sin embargo, el informe del BM apunta, jalando agua para su molino, que “(e)n el curso de la última década, el Banco Mundial ha redoblado sus esfuerzos para contribuir a la inclusión social y económica de los pueblos indígenas. Desde hace más de dos años se ha venido llevando a cabo un diálogo con organizaciones indígenas de todo el mundo que ha servido de base para establecer estándares más elevados de participación e inclusión en la formulación de proyectos de desarrollo, para que integren sus puntos de vista”.

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Al hablar de pueblos indígenas en el entorno internacional hay por lo menos dos arcos de tiempo asociados a su situación como sujetos de derecho. El primero hunde sus raíces en el siglo XVI (colonialismo) y tiene como punto de inflexión la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el marco del paradigma de los Estados-nación. El segundo se inserta en las demandas postcoloniales indígenas a través de la aprobación del Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento internacional del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en la Declaración de la ONU del 2007.

En ese sentido, el texto del BM sí da el crédito apropiado a las organizaciones indígenas cuando apunta que “(l)a década coincidió con el fin del Primer Decenio Internacional de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas del Mundo (1995–2004) y gran parte del segundo (2005–2014), durante los cuales se fortaleció la posición de los pueblos indígenas como actores importantes en la vida política y social de la región. De los 22 países que han ratificado el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 están en América Latina y, gracias a la tenacidad de sus movimientos sociales, muchos países han sancionado leyes y reglamentaciones especiales para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas”.

pp3.pngFoto: La República 

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En la actualidad existen muchas organizaciones comprometidas con la causa indígena. Pero esta es una verdad a medias, pues algunas organizaciones “ayudan” a resolver aquellos problemas que ellas mismas han creado o avalado. Este es el caso del Banco Mundial. Un ejemplo de los problemas creados es el financiamiento de megaproyectos perjudiciales para el medio ambiente y los pueblos indígenas afincados en la zona de influencia.

El texto del BM pretende la inclusión de los indígenas desde la visión occidentalizada de desarrollo, responsabilizando la precariedad de los indígenas a su no inclusión en el mercado. Una verdad a medias o interesada pues promueve la imposición cultural bajo los términos de mercado. “En términos más generales, la creciente desigualdad económica entre indígenas y no indígenas de América Latina está asociada a una desventajosa inclusión al mercado. En las ciudades, los indígenas acceden principalmente a empleos precarios y mal remunerados. En países con grandes poblaciones indígenas, como Perú, Ecuador, Bolivia y México, el porcentaje de indígenas que tiene un empleo calificado y estable es entre dos y tres veces menor que el porcentaje de no indígenas”, afirma el BM.

pp4.pngFuente: BM

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Hasta el momento, y con relación a los pueblos indígenas del mundo, el “gran aporte” del BM ha sido empujar reformas estructurales (neoliberales) que han sido contraproducentes para revertir el índice de pobreza e inequidad social. A estas reformas estructurales neoliberales se les conoce como el Consenso de Washington, las mismas que se ha expresado en la desregulación de los mercados, la liberalización de la política comercial, la disciplina fiscal, la flexibilización de derechos laborales y la privatización de empresas públicas. Sobre todo en Latinoamérica y Asia.

“A raíz de este persistente patrón de exclusión social, los pueblos indígenas representan en la actualidad alrededor del 14% del total de las personas viviendo en condiciones de pobreza y el 17% de las personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en América Latina, a pesar de constituir menos del 8% de la población”, sostiene el BM. En otras palabras, para el BM la razón principal de la falta de reconocimiento de derechos de los indígenas pasa por un tema netamente redistributivo, cuando la problemática es mucho más compleja e incluye el reconocimiento de su identidad étnica y cultural, el reconocimiento y titulación colectiva de sus tierras y territorios, el control sobre sus recursos y el derecho de autogobernarse como pueblos.

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Entre los años ochenta y noventa el BM impulsó reformas de 1ra generación (cómputos macroeconómicos), que con el tiempo mostraron “no brindar respuestas” a la crisis económica latinoamericana (Joseph Stiglitz). Las cifras y los datos sociales de este fracaso son abundantes. Y es por eso que en 1998 el Banco Mundial reelaboró su discurso y planteó una propuesta alternativa (aunque no excluyente) al Consenso de Washington, llamada Consenso de Santiago. En Chile (meca del experimento neoliberal) propugnó las llamadas reformas de 2da generación (reformas institucionales). Al parecer se vienen nuevos “consensos”.

“Aunque el desarrollo suele asociarse al logro de objetivos políticos, económicos y sociales específicos, en el presente informe se reconoce que los pueblos indígenas tienen, en general, nociones más complejas y matizadas sobre lo que es el desarrollo y por qué es importante. Para que estos pueblos asuman el papel clave que les corresponde en la agenda de desarrollo post 2015, es necesario que sus voces y visiones alternativas sean tomadas en cuenta”, explica el BM. Es muy interesante que en lo declarativo el informe del BM tenga párrafos como este, pero que en lo medular ni siquiera se ocupe de abordar estos temas o darles el tratamiento prioritario que tienen a la par con lo económico, que es lo único que priorizan con la visión occidental de desarrollo como único patrón de referencia y medición.

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El Banco Mundial tiene una estructura cuatripartita: la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para los países en desarrollo, el Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para resolver disputas arbitrales, el Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA), y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para el sector privado. El Banco Mundial, por medio de la CFI, ha financiado un sinnúmero de proyectos de inversión alrededor del mundo. Sobre todo en infraestructura y en materias primas. Entre los proyectos destaca el caso Yanacocha, en Perú, y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en Honduras.

El caso Yanacocha es preocupante. El Banco Mundial sabe, por ejemplo, del despojo de tierras indígenas a favor de Yanacocha, de la hostigación a Máxima Acuña de Chaupe, de la reiterada negativa a reconocer la existencia de indígenas en la zona, y de la propuesta de reemplazar una laguna natural por un reservorio de cemento. Yanacocha es la mina de oro más grande Sudamérica y el Banco Mundial es socio principal de este proyecto.

El caso de la activista hondureña Berta Cáceres es peor. Tras su victoria contra la privatización del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarza", Cáceres fue asesinada el jueves 3 de marzo del 2016 por causas aún desconocidas. Aquí nuevamente el Banco Mundial está presente. La acción de Berta Cáceres frenó el polémico proyecto por ser perjudicial para mantenimiento del río Gualcarque, de vital importancia para los indígenas de Santa Bárbara. Los fondos y la asistencia técnica al megaproyecto provenían de la constructora china Sinohydro y del Banco Mundial.

“En síntesis, la primera década del milenio dejó a los pueblos indígenas de la región con dos historias contrastantes: una de obtención de beneficios importantes, como la ampliación sin precedentes de su capacidad para expresar y decidir qué tipo de futuro desean colectivamente, y otra de persistente exclusión, que todavía limita su capacidad para contribuir y beneficiarse del Estado sin renunciar a sus culturas e identidades. La región, sin embargo, ha acumulado un caudal significativo de conocimientos y experiencias para afrontar muchos de los desafíos que plantea esta contradicción”, sentencia el BM. Sin duda la actuación del BM también es una contradicción por resolver.


* Texto de Luis Enrique Mendoza, Graduado en Filosofía y en Derecho en la Pucp. Interesado en temas de interculturalidad.


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