En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha decretado “estado
de excepción” en la provincia amazónica de Morona Santiago, debido a
enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los Shuar, una etnia que se
niega a ceder espacio ante la explotación minera de la empresa China ExplorCobres
S.A. (EXSA)
Un policía fue asesinado de bala a raíz de este
enfrentamiento, pero los shuar niegan haber matado al agente, alegando que no
tienen este tipo de armas, explica Raúl Ankuash, parlamentario amazónico.
El 11 de agosto del 2016 se desalojó la zona para construir
el campamento de la minera china, pero los shuar posteriormente ocuparon la
zona para evitar la construcción. China es un aliado esencial en grandes
proyectos estatales, pero los pueblos indígenas de la zona denuncian el riesgo
ecológico y la vulneración de derechos ambientales reconocidos en la
Constitución de 2008.
Pero el Gobernador de Morona Santiago respalda a la empresa
minera, porque afirma que "no son tierras ancestrales. La empresa cuenta
con títulos de propiedad legalmente otorgados".
El presidente Correa ha manejado mal este conflicto,
poniéndose de lado de la minera. Según Correa, el problema se originó porque
"se trata de un grupo minúsculo de extremistas, de dirigentes
irresponsables, que quiere imponer sus caprichos. Tenemos información que estos
grupos armados han robado y chantajeado a los colonos de la zona"; pero
esto fue negado por las comunidades.
Sin embargo, para la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), la violencia porque el Estado permite el paso
de empresas mineras chinas sin Consulta Previa Libre e informada, como mandan
la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, lo cual es negado por
el Gobierno.
Rafael Correa, durante sus casi 10 años de Gobierno, siempre
ha alzado la voz en defensa de los derechos humanos, sin embargo, para los
indígenas, es "incapaz de encontrar otras salidas a los conflictos que no
sean con el autoritarismo, la violencia y la violación de derechos, lo cual
está llevando al país a una situación de confrontación grave".
Una de las últimas movidas del gobierno es que ha pedido la disolución
inmediata de la ONG Acción Ecológica, con 30 años de vida en el país andino y
que ha respaldado las luchas de ecologistas y activistas contra las actividades
extractivistas.
Para el Ministerio de Ambiente, la ONG, "a través de
publicaciones en las redes sociales, ha manifestado su respaldo a las acciones
y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar, realizando afirmaciones
sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la
actividad extractivista promovida por los entes gubernamentales, así como de
supuestas violaciones de los derechos humanos de esas comunidades, alegando la
ejecución de presiones, hostigamientos, amenazas, desalojos violentos y de
acciones de injustificada militarización en la zona".
Pero, Esperanza Martínez, miembro de Acción Ecológica, explica:
"para nosotros, la no violencia es un tema con el cual estamos
comprometidos. Actos violentos, jamás; defendemos la participación, la opinión,
el derecho a disentir y el derecho y deber de defender la naturaleza y
denunciar los problemas ambientales, porque nuestros objetivos así lo exigen.
Defenderemos siempre el legítimo derecho a existir como asociación, a participar,
a disentir y a nuestra libertad de expresión".
Lamentable lo que está sucediendo en Ecuador. Los derechos
humanos no son negociables.
