¿AMBIENTE COMPLETO O MEDIO AMBIENTE?
**por Jose De Echave C.
Desde hace un tiempo la cosa no pinta bien para el
sector ambiente en el Perú: en los últimos años los sucesivos paquetazos
ambientales terminaron por debilitar la incipiente institucionalidad ambiental del
país y lo cierto es que ésta tiene una existencia cada vez más marginal dentro
del aparato del Estado peruano.
En lo que va de este gobierno, el sector ambiente ha
seguido siendo ignorado tanto por el Ejecutivo como por los principales agentes
económicos: por ejemplo, en el pedido de facultades extraordinarias el tema
ambiental brilló por su ausencia; tampoco aparece con plenitud en los decretos
legislativos que se están aprobando en las últimas semanas. Por si fuera poco,
en el foro del CADE 2016 que contó con la participación del presidente y su
gabinete en pleno y en donde supuestamente se discutió la agenda y los retos que
tiene el país para el 2021, quedó claro que para los empresarios el tema
ambiental y el del cambio climático parecieran ser problemas de otro planeta.
Pareciera que los enemigos de la institucionalidad
ambiental están dentro del propio aparato del Estado, por supuesto en el actual
Ejecutivo y también en el sector privado. Siguen pensando la economía y la
marcha de los sectores productivos como si estuviéramos en la década del 50 del
siglo pasado, pese a la evidencia y la información que hoy en día da cuenta de
los enormes costos económicos que generan los problemas ambientales: por
ejemplo, todos los años el país pierde casi el 4% del PBI por temas de degradación
ambiental; si no hacemos adaptación y mitigación en serio frente al cambio
climático, según un estudio hecho para el Banco Central de Reserva, al 2030 perderemos
en promedio el equivalente al 6,3% del PBI.
¿Qué es lo que se puede
venir para la agenda ambiental? Un artículo de Franco Giufra, publicado en El
Comercio (8/09/2016), titulado “Primera estación: el Minam”, anuncia lo que
aparentemente algunos esperan con ansias que se venga en los próximos meses contra
la institucionalidad ambiental: “todo parece indicar que el nuevo gobierno
tiene intenciones de poner en funcionamiento la podadora burocrática”. Señala
además que esa “podadora” debe comenzar por el Ministerio del Ambiente (Minam).
Lo cierto es que este tipo
de mensajes no son aislados y retoman los argumentos centrales de la campaña de
la tramitología que logró debilitar la institucionalidad ambiental del país en
el anterior gobierno a punta de decretos supremos y leyes como la 30230 y la
30327.
Hace poco, por ejemplo, el actual
presidente de Perupetro le puso la puntería a las áreas reservadas: “hay que
revisar la norma que permita explorar y explotar en áreas reservadas”. Otro
capítulo que todavía no ha terminado es el que el gobierno abrió en torno a los
estándares de calidad ambiental, utilizando el caso de La Oroya: el objetivo era
debilitarlos.

La emergencia hídrica y la naturaleza
que nos sigue enviando señales
El año también
comienza con la grave emergencia hídrica en varias regiones del país. El 7 de diciembre, el Ministerio de Agricultura oficializó mediante
decreto supremo la declaratoria de
emergencia por déficit hídrico en 17 regiones, frente a una escasez de lluvias
que ya lleva tres años. Con Moquegua, ya son 18 regiones que se encuentran en
emergencia.
¿Cómo se explica que el Perú enfrente problemas de disponibilidad de
este recurso estando ubicado entre los veinte países del mundo con mayor
disponibilidad de agua dulce? Especialistas coinciden en señalar que este dato
oculta una compleja realidad donde factores como una difícil geografía, el
cambio climático, la desordenada ocupación y manejo del territorio, y el
impacto de un conjunto de actividades productivas, termina por presionar las
fuentes de agua y provoca que se generen escenarios de estrés hídrico en varias
regiones. Según el indicador de Falkenmark[1], se prevé que hacia el año
2050, el Perú será uno de los países de la región que presentará una situación
verdaderamente comprometida por la falta de agua.
Si bien el Acuerdo
Nacional aprobó la política 33 referida a los recursos hídricos, en la que se
propuso establecer sistemas de gobernabilidad del agua, garantizar la
formalización de los derechos de uso y recuperar la calidad, lo cierto es que
hasta el momento no se ha pasado del enunciado. El monitoreo del agua es un
claro ejemplo de una gobernanza caótica y desordenada: varias instituciones que
tienen competencia pero que no coordinan entre sí a pesar de tener como
objetivo común cuidar la disponibilidad y la calidad del agua: las Direcciones
Regionales de Salud se encargan del agua para el consumo humano; la Autoridad
Nacional del Agua de la calidad y el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) de los vertidos y los límites máximos permisibles. En los tres
casos se constata un funcionamiento donde predomina una lógica de
compartimientos estancos sin niveles de articulación.
No hay que olvidar que la Defensoría
del Pueblo señala que el 62% de los conflictos sociales registrados en los
últimos cinco años, están vinculados al tema del agua, por temas de afectación
de la calidad, cantidad y disponibilidad de este recurso vital.
El país confronta la
necesidad de construir una verdadera gobernanza del agua que permita un
adecuado marco para una gestión integrada y equitativa, previendo las necesidades
presentes y futuras, tanto del uso como del mantenimiento del recurso y de los
ecosistemas que le sirven de soporte. Son varios frentes que deben ser trabajados:
el de la institucionalidad, apuntando a construir una lógica transversal, con
sistemas nacionales de gestión, información y fiscalización efectiva de los
recursos hídricos. Hoy en día los diferentes sistemas existentes: el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y el
Sistema de Información de Recursos Hídricos y sus diversos planes, no definen
una intervención articulada desde el Estado.
Los retos pendientes
No
se puede seguir retrocediendo: en pleno siglo
XXI es un falso dilema que un país tenga que optar entre las inversiones y las
regulaciones ambientales. Sería un error que el
gobierno continúe la tendencia de debilitamiento de la institucionalidad
ambiental, hable de reducir estándares y que continúe en los próximos años el
camino de los paquetazos ambientales.
Si se quiere avanzar y por
ejemplo si se pretende ingresar a la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el club de los 30 países
más desarrollados del planeta, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla. El Programa de Evaluaciones del desempeño de la OCDE ha planteado para el
caso peruano 66 recomendaciones en materia ambiental que se dividen en
diferentes componentes: formulación de políticas hacia el desarrollo sostenible;
economía y ambiente; cooperación y compromisos ambientales; calidad ambiental
(aire, gestión de residuos y sustancias químicas, etc.); agua; biodiversidad; aprovechamiento
de la base de recursos naturales; entre otros. No hay que perder de vista que Chile
tuvo que poner en marcha 52 compromisos en materia de políticas ambientales.
Por lo tanto, las lecciones son claras: se requiere elevar estándares y no bajarlos. El Minam y sus organismos adscritos deben implementar una
reingeniería con el objetivo de construir una verdadera gestión transversal,
acercándose y complementándose con las instancias de gobierno subnacional y
fortaleciendo sus políticas.
¿En eso estamos? Lamentablemente no. Si se sigue la tendencia
actual, cada vez más nos alejaremos del objetivo de construir una verdadera
gobernanza ambiental en el país. Esta sigue siendo una tarea pendiente en la
que debemos persistir.
[1] El
índice de estrés hídrico de Falkenmark mide la disponibilidad de agua per
cápita y considera que una disponibilidad entre 1000 y 1600 m3
indica una situación de estrés, una disponibilidad entre 500–1000 m3
indica una situación de escasez crónica de agua, y una disponibilidad per cápita
por debajo de los 500 m3 indica que el país o región ha pasado el
umbral de lo manejable.