¿AMBIENTE COMPLETO O MEDIO AMBIENTE?

**por Jose De Echave C.

Desde hace un tiempo la cosa no pinta bien para el sector ambiente en el Perú: en los últimos años los sucesivos paquetazos ambientales terminaron por debilitar la incipiente institucionalidad ambiental del país y lo cierto es que ésta tiene una existencia cada vez más marginal dentro del aparato del Estado peruano.

En lo que va de este gobierno, el sector ambiente ha seguido siendo ignorado tanto por el Ejecutivo como por los principales agentes económicos: por ejemplo, en el pedido de facultades extraordinarias el tema ambiental brilló por su ausencia; tampoco aparece con plenitud en los decretos legislativos que se están aprobando en las últimas semanas. Por si fuera poco, en el foro del CADE 2016 que contó con la participación del presidente y su gabinete en pleno y en donde supuestamente se discutió la agenda y los retos que tiene el país para el 2021, quedó claro que para los empresarios el tema ambiental y el del cambio climático parecieran ser problemas de otro planeta.

Pareciera que los enemigos de la institucionalidad ambiental están dentro del propio aparato del Estado, por supuesto en el actual Ejecutivo y también en el sector privado. Siguen pensando la economía y la marcha de los sectores productivos como si estuviéramos en la década del 50 del siglo pasado, pese a la evidencia y la información que hoy en día da cuenta de los enormes costos económicos que generan los problemas ambientales: por ejemplo, todos los años el país pierde casi el 4% del PBI por temas de degradación ambiental; si no hacemos adaptación y mitigación en serio frente al cambio climático, según un estudio hecho para el Banco Central de Reserva, al 2030 perderemos en promedio el equivalente al 6,3% del PBI.

¿Qué es lo que se puede venir para la agenda ambiental? Un artículo de Franco Giufra, publicado en El Comercio (8/09/2016), titulado “Primera estación: el Minam”, anuncia lo que aparentemente algunos esperan con ansias que se venga en los próximos meses contra la institucionalidad ambiental: “todo parece indicar que el nuevo gobierno tiene intenciones de poner en funcionamiento la podadora burocrática”. Señala además que esa “podadora” debe comenzar por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Lo cierto es que este tipo de mensajes no son aislados y retoman los argumentos centrales de la campaña de la tramitología que logró debilitar la institucionalidad ambiental del país en el anterior gobierno a punta de decretos supremos y leyes como la 30230 y la 30327.

Hace poco, por ejemplo, el actual presidente de Perupetro le puso la puntería a las áreas reservadas: “hay que revisar la norma que permita explorar y explotar en áreas reservadas”. Otro capítulo que todavía no ha terminado es el que el gobierno abrió en torno a los estándares de calidad ambiental, utilizando el caso de La Oroya: el objetivo era debilitarlos.

La emergencia hídrica y la naturaleza que nos sigue enviando señales

El año también comienza con la grave emergencia hídrica en varias regiones del país. El 7 de diciembre, el Ministerio de Agricultura oficializó mediante decreto supremo la declaratoria de emergencia por déficit hídrico en 17 regiones, frente a una escasez de lluvias que ya lleva tres años. Con Moquegua, ya son 18 regiones que se encuentran en emergencia.

¿Cómo se explica que el Perú enfrente problemas de disponibilidad de este recurso estando ubicado entre los veinte países del mundo con mayor disponibilidad de agua dulce? Especialistas coinciden en señalar que este dato oculta una compleja realidad donde factores como una difícil geografía, el cambio climático, la desordenada ocupación y manejo del territorio, y el impacto de un conjunto de actividades productivas, termina por presionar las fuentes de agua y provoca que se generen escenarios de estrés hídrico en varias regiones. Según el indicador de Falkenmark[1], se prevé que hacia el año 2050, el Perú será uno de los países de la región que presentará una situación verdaderamente comprometida por la falta de agua.

Si bien el Acuerdo Nacional aprobó la política 33 referida a los recursos hídricos, en la que se propuso establecer sistemas de gobernabilidad del agua, garantizar la formalización de los derechos de uso y recuperar la calidad, lo cierto es que hasta el momento no se ha pasado del enunciado. El monitoreo del agua es un claro ejemplo de una gobernanza caótica y desordenada: varias instituciones que tienen competencia pero que no coordinan entre sí a pesar de tener como objetivo común cuidar la disponibilidad y la calidad del agua: las Direcciones Regionales de Salud se encargan del agua para el consumo humano; la Autoridad Nacional del Agua de la calidad y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de los vertidos y los límites máximos permisibles. En los tres casos se constata un funcionamiento donde predomina una lógica de compartimientos estancos sin niveles de articulación.

No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo señala que el 62% de los conflictos sociales registrados en los últimos cinco años, están vinculados al tema del agua, por temas de afectación de la calidad, cantidad y disponibilidad de este recurso vital.

El país confronta la necesidad de construir una verdadera gobernanza del agua que permita un adecuado marco para una gestión integrada y equitativa, previendo las necesidades presentes y futuras, tanto del uso como del mantenimiento del recurso y de los ecosistemas que le sirven de soporte. Son varios frentes que deben ser trabajados: el de la institucionalidad, apuntando a construir una lógica transversal, con sistemas nacionales de gestión, información y fiscalización efectiva de los recursos hídricos. Hoy en día los diferentes sistemas existentes: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el Sistema Nacional de Recursos Hídricos y el Sistema de Información de Recursos Hídricos y sus diversos planes, no definen una intervención articulada desde el Estado.

Los retos pendientes

No se puede seguir retrocediendo: en pleno siglo XXI es un falso dilema que un país tenga que optar entre las inversiones y las regulaciones ambientales. Sería un error que el gobierno continúe la tendencia de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, hable de reducir estándares y que continúe en los próximos años el camino de los paquetazos ambientales.

Si se quiere avanzar y por ejemplo si se pretende ingresar a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), el club de los 30 países más desarrollados del planeta, necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental y no debilitarla. El Programa de Evaluaciones del desempeño de la OCDE ha planteado para el caso peruano 66 recomendaciones en materia ambiental que se dividen en diferentes componentes: formulación de políticas hacia el desarrollo sostenible; economía y ambiente; cooperación y compromisos ambientales; calidad ambiental (aire, gestión de residuos y sustancias químicas, etc.); agua; biodiversidad; aprovechamiento de la base de recursos naturales; entre otros. No hay que perder de vista que Chile tuvo que poner en marcha 52 compromisos en materia de políticas ambientales.

Por lo tanto, las lecciones son claras: se requiere elevar estándares y no bajarlos. El Minam y sus organismos adscritos deben implementar una reingeniería con el objetivo de construir una verdadera gestión transversal, acercándose y complementándose con las instancias de gobierno subnacional y fortaleciendo sus políticas.

¿En eso estamos? Lamentablemente no. Si se sigue la tendencia actual, cada vez más nos alejaremos del objetivo de construir una verdadera gobernanza ambiental en el país. Esta sigue siendo una tarea pendiente en la que debemos persistir.